- El nuevo déficit absorberá los 1.000 millones de ahorro del sistema
Aunque la CNMC realiza liquidaciones mensuales de los costes y los ingresos regulados del sistema eléctrico, el saldo definitivo de un ejercicio no se conoce hasta noviembre del siguiente. En total, 14 liquidaciones (entre enero de un año y febrero del siguiente) y una última, la número 15, ya en noviembre. Sin embargo, a la vista de los datos del último informe de febrero publicado por el organismo regulador, el sistema cerrará el ejercicio de 2019 con un déficit de tarifa de unos 700 millones de euros.
Este desajuste (y el previsto con toda seguridad para un año marcado por la pandemia del coronavirus) absorberá y agotará el superávit acumulado en años anteriores, del que quedan unos mil millones de euros. Ya la penúltima liquidación de 2019, la 14, registra un déficit tarifario a fin del año pasado de 1.202 millones de euros, si bien, a esta cantidad hay que restarle una parte de la aportación del Estado al sistema vía tributos. Concretamente, mediante los ingresos correspondientes a la recaudación por las subastas de derechos de emisión de CO2 y la del canon hidráulico.
Así, a finales de febrero aún faltaban por ingresar 193 millones de euros de los 750 millones correspondientes al desembolso de los ingresos por CO2 (dado que es un importe límite y que la recaudación en las subastas ha sido superior, se trata de una cantidad asegurada ya para el sistema).
En el caso del canon hidráulico, el otro tributo que faltaba por saldarse en febrero, la CNMC estimó en la última orden de peajes (la de 2019, que ha sido prorrogada este año) una recaudación de casi 340 millones de euros, pero como estos ingresos dependen de la producción final, la cifra podría sufrir alguna variación. De hecho, la recaudación prevista por la CNMC del principal impuesto que revierte en el sistema, el que grava la generación de electricidad con el 7%, era de 1.384 millones para 2019 y finalmente ha quedado reducida a 1.020 millones, por el descenso de la producción.
Contando con ello, los técnicos de la CNMC señalan que el déficit podría rondar los 700 millones (los 1.202 millones de desajuste de la liquidación 14 menos los ingresos debidos por el CO2 y el canon hidráulico).
Pero el Gobierno está relativamente tranquilo porque este desfase entre costes e ingresos se cubrirá con el superávit de unos mil millones de euros acumulado entre los años 2014 y 2018 y que están depositados en una cuenta corriente cuyo titular es la CNMC. Entre esos años, el sistema generó un superávit de casi 1.700 millones de euros, de los cuales aún siguen en la caja del organismo los citados 1.000 millones de euros.
Aunque la Ley del Sector Eléctrico prohíbe destinar los excedentes de los peajes a cubrir el posible déficit que se pudiera producir cada año ni a bajar las tarifas de acceso a las redes (pejes), únicamente permite amortizar la deuda pendiente, los Gobiernos han ido modificando cada año la ley (casi siempre a través de la de Presupuestos Generales de cada año) para permitir otros destinos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo lo propio el pasado mes de junio en el Real Decreto Ley 23/2020, que habilita al Gobierno a destinar esos ahorros a cubrir los déficits que ya se sabía que se iban a generar tanto en 2019 como en 2020. Asimismo, para pagar el recargo del 0,5% por la custodia del depósito que, según una norma del BCE, el banco (en este caso CaixaBank) cobra a la CNMC (unos cinco millones de euros al año).
Teniendo en cuenta el hundimiento de la demanda provocado por la crisis sanitaria, también este año, en que los peajes se han mantenido congelados, se generará un nuevo déficit tarifario. Sobre su volumen hay discrepancias, pero los pronósticos más optimistas apuntan a 300 millones de euros.
Ello supone la desaparición de unos superávits que el sistema eléctrico había generado por primera vez en la historia, tras los cambios regulatorios de la reforma eléctrica de 2013 cuyo objetivo era cortar la sangría de un déficit que había provocado una deuda de 29.000 millones de euros.
La reforma se saldó con un fuerte recorte a las primas de las renovables y una subida de los peajes y la paradoja de un superávit.
